Tras los homenajes de rigor y el ingreso de los diversos expedientes, se dio tratamiento al proyecto de reglamentación de un nuevo instituto de la Constitución provincial, referido al juicio político.

Al hacer uso de la palabra y para destacar la importancia del tema, la diputada Ana D´ Angelo (Encuentro Amplio-Paraná) rescató una frase de Eva Perón "Por qué insisto en hablarles sobre la ética peronista, muy simple compañeros, porque todavía hay peronistas que por su afán de obtener privilegios más parecen oligarcas que peronistas. Quiero decirles, y se los digo con mi pasión de peronista y de mujer, que el peronismo que nació el 17 de octubre es un triunfo del auténtico pueblo sobre la oligarquía. Les voy a dar un ejemplo, el funcionario que se sirve de su cargo es oligarca, no sirve al pueblo sino a su desmesurada ambición. Esos no son peronistas, son oligarcas, ídolos de barro".

También tomó una definición de Joaquín V. González sobre el propósito del juicio político que "no es el castigo del funcionario sino la protección de los intereses públicos, por el abuso del poder, contra el descuido del deber, o contra la conducta incompatible con el cargo", y que también dice que "una mala conducta puede estar o no tipificada en una figura penal, puede no constituir un crimen o un delito, pero sin embargo constituye un mal desempeño de las funciones".

Destacó como importante que "si bien nuestra Constitución provincial fue y es, en su nueva versión, muy clara y detallista en cuanto a los procedimientos, lo que estamos legislando y es un gran avance se refiere a que el juicio político es esencialmente de naturaleza política, por lo cual tiene que haber garantías tanto para los procedimientos para hacer una investigación seria y profunda como para garantizar el derecho de defensa".

Ante ello, consideró que "el texto que se obtuvo tiene que ver con eso: cuando no se puede pedir a los legisladores que sean imparciales o neutrales en una cuestión como esta, porque es un tema de naturaleza política, lo que hay que hacer es garantizar la cuestión de los procedimientos". "Y en esta ley hemos aportado y participado todos para que queden absolutamente claros los términos, los plazos, la constitución de la comisión y todo aquello que permita que haya un juicio profundo, serio y a su vez que tenga un término, plazos concretos y que de las garantías necesarias para que llegue a buen término".

Por todo esto, adelantó su acompañamiento al proyecto "a sabiendas de que a pesar de la Constitución era muy clara, la provincia necesitaba una ley para garantizar sus derechos a quienes en un futuro puedan pasar por una experiencia como ésta".

Desde la UCR, Jaime Benedetti coincidió con sus predecesores y afirmó que "no hay ninguna duda que estamos ante un instituto que garantiza la forma republicana de gobierno, como el juicio político, el que no es un juicio que tienda a sembrar la culpabilidad o delictuosidad del proceder de los mandatarios que están sujetos al juicio sino que se trata de un juicio que tiende a dilucidar el abuso de poder".

Recordó que "por la ley que estableció la reforma de la Constitución estuvimos habilitados a la reforma del artículo 99, porque la Constitución del ´33 no tenía causal del juicio político y esto dio lugar a la promoción de varios amparos por esta situación que se consideraba una afrenta al derecho de defensa y al principio de legalidad". Destacó que "sabiamente la ley permitió abrir la discusión sobre el artículo 99" y rememoró que "en la Constituyente el despacho de mayoría establecía que la causa de juicio político estaba constituida por el mal desempeño en el cargo, la comisión de delitos en el desempeño del cargo, la comisión de delitos dolosos y la incapacidad física o mental sobreviniente que evidenciara la falta de idoneidad".

Antes de poner en consideración el artículo 43 para su votación, Busti bajó a su banca para "destacar cuatro puntos" de la norma, "porque esto no es cualquier institución sino que es el juicio político referido al gobernador, vicegobernador, los ministros del Poder Ejecutivo, los miembros del Superior Tribunal de Justicia (STJ), de sus salas y el Defensor del Pueblo".

Afirmó que "a pesar de que el juicio político estaba contemplado en la Constitución de 1933, hace 80 años, nunca fue reglamentado" y ese hecho "daba lugar a su falta de eficacia". Por ello, consideró que "es un paso trascedente desde el punto de vista institucional, ya que fortalecemos el sistema republicano y esta Cámara sigue honrando el mandato del pueblo entrerriano de seguir reglamentando los institutos de la Constitución provincial".

Otros temas

Además, se dio media sanción al proyecto que regula las profesiones criminalísticas, de calígrafo público y accidentología vial y que crea que el Colegio de Profesionales.

También ingresó a la Cámara y tomó estado parlamentario el proyecto del Poder Ejecutivo de fideicomiso para productores, que ingresó en revisión del Senado. La iniciativa propone la modificación del artículo 6° de la ley 9.941 donde se le dan atribuciones a la comisión para que incorpore a otros beneficiarios y la fijación de criterios sobre la política de cobro, "todo en relación a la búsqueda de solución a la situación de los deudores agropecuarios de la provincia con el Banco de la Nación Argentina".

La ley, sancionada en diciembre de 2009, introdujo importantes modificaciones en el esquema previsto por la Carta de Intención celebrada el 24 de julio de 2008, entre el gobierno de la provincia y el Banco a partir de un acuerdo en el que confluyeron los legisladores y también la dirigencia agropecuaria. En ese acuerdo quedaron selladas la constitución de la bicameral, la reducción de la nómina de beneficiarios y la exigencia de un patrimonio para responder ante el crédito como la constancia de que el beneficiario realmente se dedicara a la explotación agropecuaria.

Ahora, y tras el rechazo del banco a esa ley, el Ejecutivo advierte que "el esquema que plantea el artículo 6º de la ley no es de cartera, sino un esquema de análisis individual de cada caso, fruto de lo cual, y a priori sobre la base de los análisis efectuados, existen productores que no reúnen todas las condiciones ya señaladas. Vale considerar que con un solo caso que no reúna las condiciones establecidas, toda la operatoria (de cesión de cartera) se ve imposibilitada". El Banco en tanto, reclama al gobierno que reconozca toda la cartera de morosos, sin importar el origen de la deuda.

"Se entiende que con la modificación propuesta, se estaría instalando una salida intermedia entre el esquema actual de la ley 9.941 y el previsto oportunamente en la Carta de Intención", define el nuevo proyecto.

Además, la norma propuesta otorga a la bicameral que integran el senador Oscar Arletazz (PJ-Colón) y el diputado Hugo Berthet (PF-San Salvador) más los representantes de Producción y Economía, la facultad de exigir al productor deudor "garantías reales suficientes y/o fianza o garantía de la asociación que los nuclee, cooperativa y/o terceros, y toda la documentación que considere necesaria a fin de establecer y demostrar que la actividad que realiza o realizaba al momento del crédito, tenía relación con la producción agropecuaria. Simultáneamente deberá solicitar un Plan de Trabajo donde el productor demuestre la capacidad de pago de la deuda exigida".

Y, añade: "En los casos en los cuales no se puedan acreditar los extremos anteriores, la comisión podrá dictaminar incorporando el crédito al Fideicomiso; en cuyo caso la provincia, a través de los organismos pertinentes, procederá al cobro de las acreencias en forma inmediata y por los importes totales que deriven del mutuo existente, más todos los accesorios y gastos que correspondan".

El artículo segundo, en tanto, faculta al Poder Ejecutivo a establecer la política de cobro para el recupero de los créditos incorporados al fideicomiso financiero, para lo cual podrán establecerse diferentes opciones o alternativas de pago, y/o aplicar distintas tasas de interés, atendiendo al momento y/o plazo en que se realice la cancelación del crédito.

"La política de cobro que se establezca tenderá a que el recupero de los créditos no se realice por valores inferiores a aquel por el cual se incorpora el crédito al Fideicomiso salvo que, agotadas todas las instancias se demuestre la imposibilidad de cobro. Asimismo el tope para el recupero estará dado por el monto originalmente adeudado con más sus actualizaciones, intereses, gastos y honorarios", propone el nuevo proyecto.

Pedidos de informes

En la sesión también se trataron dos importantes pedidos de informes. El primero referido a la falta de reglamentación de la ley que se aprobó por unanimidad en 2009 para que los empleados del Instituto del Seguro y del Banco Bersa pasen a aportar a la Caja de Jubilaciones de la provincia.

"Esto significaba una entrada suplementaria de dos millones de pesos por mes a la Caja y un buen beneficio para ella ya que en el caso del Instituto del Seguro, el personal en su mayoría tiene buenos ingresos y representan personas jóvenes o de edad mediana que no se estarán jubilando por lo menos en un mediano plazo", aseveró Busti.

Sin embargo, cuestionó que "al no reglamentarse, ha traído una serie de inconvenientes a tal punto que pasaron dos meses y los trabajadores debieron irse y volver a ingresar a la ANSES, y de esta forma no estuvieron aportando a nadie".

Especificó que, según manifestaron los mismos trabajadores, "el presidente de la Caja de Jubilaciones iba a presentar un proyecto de reglamentación en el cual poseía la finalidad de pedir el 1 por ciento de los aportes de los trabajadores como un suplemento para la tarea que tenían de aplicar esto en el organismo que él maneja, lo cual nos pareció a los diputados un total disparate".